domingo, 22 de abril de 2012
martes, 27 de marzo de 2012
La 'trampa' de unos pocos que mancha el prestigio de todos (operación “Lucerna”)
La 'trampa' de unos pocos que mancha el prestigio de todos (operación “Lucerna”) (extraido de el mundo del olivar).
Las trampas de unos pocos han ensuciado el buen nombre y el prestigio del aceite de Jaén. Han pasado 45 días desde que la 'bomba' de la operación 'Lucerna' estalló en el sector oleícola. Mes y medio después, nadie con mando en plaza ha limpiado la mancha y ha dado a conocer qué empresas, presuntamente, mezclaban aceites de oliva con otros de inferior calidad.
Fue el 8 de febrero cuando se produjeron las primeras detenciones por un caso que ha supuesto un enorme “mazazo” para el principal motor de actividad de la economía jiennense. Ese día, la Guardia Civil inició la última fase de la operación “Lucerna”, en la que dio por desarticulada una organización que, presuntamente, comercializaba como aceite de oliva una mezcla de caldos de calidad inferior, principalmente de palma y de aguacate, exportados desde Sudamérica. De hecho, fueron detenidas 19 personas, casi todas en Jaén, donde se realizaron cuatro registros a empresas.
El supuesto fraude destapado por el Instituto Armado cayó como una bomba en el sector aceitero de la provincia, ya castigado por la inestabilidad y los bajos precios. La imagen de 327 cooperativas y almazaras y de más de 109.000 familias que tienen vinculación directa con el olivar quedaba por los suelos.
De hecho, en los días posteriores a las detenciones, almazaras y cooperativas se dedicaron, casi en exclusiva, a decir que nada tenían que ver con la operación “Lucerna”. Muchos empresarios aceiteros escucharon expresiones del tipo: “No te fíes del aceite de Jaén o ten cuidado con los aceites del sur de España”. Se agigantó la desconfianza de los mercados hacia el oro líquido jiennense y buena parte del sector reaccionó.
De hecho, varias organizaciones se reunieron con el subdelegado del Gobierno, Juan Lillo, para pedirle que hiciera públicos los nombres de las empresas implicadas en la trama. De este modo, querían evitar que pagaran justos por pecadores y que las trampas de unos pocos mancharan el buen nombre de un producto que es santo, seña y bandera de una provincia.
No obstante, todos los intentos fueron en vano. El máximo representante del Estado en la provincia se negó por activa y por pasiva a señalar las marcas y las sociedades que, presuntamente, han vendido un mezcla como si fuera aceite de oliva virgen. Lillo se lo dijo en persona a los representantes de estas asociaciones y, después, también lo hizo públicamente, alegando que carecía de la competencia necesaria para ello. Sí admitió que sería conveniente publicar las marcas fraudulentas para salvaguardar el buen nombre de todo el sector: “Es algo que no es de nuestra competencia y que no está en manos de esta Subdelegación del Gobierno”, agregó a renglón seguido.
En aquella comparecencia del 5 de marzo, Lillo aseguró que no consideraba que existiera un “clamor” de peticiones para desenmascarar a los tramposos: “Solo son cuatro asociaciones”, aclaró. Olvidó mencionar que eran la Federación de Fabricantes de Aceite de Oliva (Infaoliva), que representa a 620 aceiteras de todo el país; la Denominación de Origen de Sierra Mágina, que engloba a 33 empresas; la Asociación de Envasadores de Jaén; y las 120 almazaras de la Asociación Provincial. También hubo alcaldes (La Guardia y Pegalajar) y representantes de colectivos como el Mercado de Futuros. Lillo siempre respondió a todos con el comunicado oficial de la Guardia Civil en el que se informaba de la operación “Lucerna”. Esa nota, literalmente, hablaba de “la desmantelación de una organización dedicada en las provincias de Jaén y Córdoba a comercializar mezclas fraudulentas de aceite de muy baja calidad como si se tratase de aceite de oliva”. Y ahí es donde se refleja el daño, ya que se nombra a una provincia entera y no a los presuntos responsables del fraude.
Mientras tanto, el Juzgado de Instrucción número 4, que dirige la investigación de la operación “Lucerna”, ha ordenado la realización de varias diligencias encaminadas a aclarar lo sucedido. El procedimiento acumula más de 5.000 folios y eso que aún está en una fase embrionaria. El considerado cabecilla de la trama, el empresario Enrique Fuentes Ibáñez, ha declinado, por el momento, conceder una entrevista a JAEN.
Diecinueve detenidos y cinco delitos imputados
La operación “Lucerna”, tal y como adelantó JAEN en primicia en su edición del pasado 10 de febrero, dio por desarticulada una organización dedicada a la mezcla fraudulenta de aceites de baja calidad para comercializarlos como si fueran de oliva. Hubo 19 detenidos y cuatro registros. Entre los arrestados está Enrique Fuentes Ibáñez, conocido empresario oleícola y considerado por la Guardia Civil como el “cerebro” de la organización. Se le imputaron cinco delitos: contra la Hacienda Pública, contra el mercado, asociación ilícita, insolvencia punible y blanqueo de capitales.
Una partida de aceite de aguacate fue la clave
Una de las mayores operaciones contra el fraude en el sector del aceite de oliva comenzó por una partida de aceite de aguacate importada a España desde Ecuador.
1 La operación “Lucerna” arrancó en los últimos meses del año 2010, cuando inspectores de la Agencia Tributaria detectaron que empresas vinculadas a Enrique Fuentes Ibáñez, el empresario jiennense considerado por los investigadores como el cabecilla de la trama, habían adquirido en Suramérica grandes partidas de grasas vegetales. En concreto, importaron desde Ecuador millones de litros de aceite de palma y de aceite de aguacate. Está comprobado que ese aceite llegó a España. Lo que no se sabía es qué se hizo con él.
2 A finales de 2010, una reunión entre la Fiscalía, los ins-pectores de Hacienda y la Guardia Civil diseñó las bases de la operación “Lucerna”. Los investigadores del Instituto Armado sospechaban que el aceite de aguacate era utilizado para mezclarlo y vender el “combinado” como si fuera aceite de oliva, un producto de mucha más calidad.
3 Los agentes de la Unidad Central Operativa, un equipo de elite de la Benemérita especializado en delitos económicos, puso en marcha una laboriosa investigación Se investigaron más de una treintena de sociedades, desplegadas en España, Italia y Portugal. Era una red de empresas utilizada para, presuntamente, hacer las mezclas de aceite y, por otro lado, tejer una pantalla para defraudar al fisco.
4 Las investigaciones de la Guardia Civil ponen al descubierto que los aceites de peor calidad eran mezclados y comercializados como si fueran de oliva. El Instituto Armado descubre que la organización poseía en Mengíbar una planta de producción de biodiésel de automoción. Esa planta era utilizada para producir aceite con destino al consumo humano “a pesar de carecer de la autorización sanitaria”.
5 El producto obtenido no era una adulteración tóxica para la salud, ya que eran realizadas por técnicos especializados que trabajaban para la trama en distintas plantas de producción. De hecho, habían conseguido un proceso de fabricación de aceites muy refinado, en el que conseguían un producto en el que no quedaban restos de la presencia de la grasa de aguacate o de palma.
6 Los combinados obtenidos eran desviados hacia el mercado destinado al consumo humano. Para ello, presuntamente, la organización empleaba “documentación falsa” y sociedades instrumentales controladas por la red. Es decir, empresas “fantasma” que estaban dirigidas por simples “testaferros”. Casi todo el aceite mezclado fue vendido a granel, según comprobó la Guardia Civil. Sin embargo, también existen algunas partidas que fueron embotelladas en una planta envasadora ubicada en Pegalajar. Esas botellas fueron etiquetadas como si contuvieran aceite de oliva, cuando, en realidad, llevaban una mezcla de grasas de mucha peor calidad.
7 La mezcla de aceites reportaba a la organización importan- tes beneficios. Primero, los detenidos conseguían vender el producto a un precio muy inferior al del mercado. Además, no hacían efectivo el pago del IVA (unos 3 millones de euros).
Fuente: diariojaen.es
Fue el 8 de febrero cuando se produjeron las primeras detenciones por un caso que ha supuesto un enorme “mazazo” para el principal motor de actividad de la economía jiennense. Ese día, la Guardia Civil inició la última fase de la operación “Lucerna”, en la que dio por desarticulada una organización que, presuntamente, comercializaba como aceite de oliva una mezcla de caldos de calidad inferior, principalmente de palma y de aguacate, exportados desde Sudamérica. De hecho, fueron detenidas 19 personas, casi todas en Jaén, donde se realizaron cuatro registros a empresas.
El supuesto fraude destapado por el Instituto Armado cayó como una bomba en el sector aceitero de la provincia, ya castigado por la inestabilidad y los bajos precios. La imagen de 327 cooperativas y almazaras y de más de 109.000 familias que tienen vinculación directa con el olivar quedaba por los suelos.
De hecho, en los días posteriores a las detenciones, almazaras y cooperativas se dedicaron, casi en exclusiva, a decir que nada tenían que ver con la operación “Lucerna”. Muchos empresarios aceiteros escucharon expresiones del tipo: “No te fíes del aceite de Jaén o ten cuidado con los aceites del sur de España”. Se agigantó la desconfianza de los mercados hacia el oro líquido jiennense y buena parte del sector reaccionó.
De hecho, varias organizaciones se reunieron con el subdelegado del Gobierno, Juan Lillo, para pedirle que hiciera públicos los nombres de las empresas implicadas en la trama. De este modo, querían evitar que pagaran justos por pecadores y que las trampas de unos pocos mancharan el buen nombre de un producto que es santo, seña y bandera de una provincia.
No obstante, todos los intentos fueron en vano. El máximo representante del Estado en la provincia se negó por activa y por pasiva a señalar las marcas y las sociedades que, presuntamente, han vendido un mezcla como si fuera aceite de oliva virgen. Lillo se lo dijo en persona a los representantes de estas asociaciones y, después, también lo hizo públicamente, alegando que carecía de la competencia necesaria para ello. Sí admitió que sería conveniente publicar las marcas fraudulentas para salvaguardar el buen nombre de todo el sector: “Es algo que no es de nuestra competencia y que no está en manos de esta Subdelegación del Gobierno”, agregó a renglón seguido.
En aquella comparecencia del 5 de marzo, Lillo aseguró que no consideraba que existiera un “clamor” de peticiones para desenmascarar a los tramposos: “Solo son cuatro asociaciones”, aclaró. Olvidó mencionar que eran la Federación de Fabricantes de Aceite de Oliva (Infaoliva), que representa a 620 aceiteras de todo el país; la Denominación de Origen de Sierra Mágina, que engloba a 33 empresas; la Asociación de Envasadores de Jaén; y las 120 almazaras de la Asociación Provincial. También hubo alcaldes (La Guardia y Pegalajar) y representantes de colectivos como el Mercado de Futuros. Lillo siempre respondió a todos con el comunicado oficial de la Guardia Civil en el que se informaba de la operación “Lucerna”. Esa nota, literalmente, hablaba de “la desmantelación de una organización dedicada en las provincias de Jaén y Córdoba a comercializar mezclas fraudulentas de aceite de muy baja calidad como si se tratase de aceite de oliva”. Y ahí es donde se refleja el daño, ya que se nombra a una provincia entera y no a los presuntos responsables del fraude.
Mientras tanto, el Juzgado de Instrucción número 4, que dirige la investigación de la operación “Lucerna”, ha ordenado la realización de varias diligencias encaminadas a aclarar lo sucedido. El procedimiento acumula más de 5.000 folios y eso que aún está en una fase embrionaria. El considerado cabecilla de la trama, el empresario Enrique Fuentes Ibáñez, ha declinado, por el momento, conceder una entrevista a JAEN.
Diecinueve detenidos y cinco delitos imputados
La operación “Lucerna”, tal y como adelantó JAEN en primicia en su edición del pasado 10 de febrero, dio por desarticulada una organización dedicada a la mezcla fraudulenta de aceites de baja calidad para comercializarlos como si fueran de oliva. Hubo 19 detenidos y cuatro registros. Entre los arrestados está Enrique Fuentes Ibáñez, conocido empresario oleícola y considerado por la Guardia Civil como el “cerebro” de la organización. Se le imputaron cinco delitos: contra la Hacienda Pública, contra el mercado, asociación ilícita, insolvencia punible y blanqueo de capitales.
Una partida de aceite de aguacate fue la clave
Una de las mayores operaciones contra el fraude en el sector del aceite de oliva comenzó por una partida de aceite de aguacate importada a España desde Ecuador.
1 La operación “Lucerna” arrancó en los últimos meses del año 2010, cuando inspectores de la Agencia Tributaria detectaron que empresas vinculadas a Enrique Fuentes Ibáñez, el empresario jiennense considerado por los investigadores como el cabecilla de la trama, habían adquirido en Suramérica grandes partidas de grasas vegetales. En concreto, importaron desde Ecuador millones de litros de aceite de palma y de aceite de aguacate. Está comprobado que ese aceite llegó a España. Lo que no se sabía es qué se hizo con él.
2 A finales de 2010, una reunión entre la Fiscalía, los ins-pectores de Hacienda y la Guardia Civil diseñó las bases de la operación “Lucerna”. Los investigadores del Instituto Armado sospechaban que el aceite de aguacate era utilizado para mezclarlo y vender el “combinado” como si fuera aceite de oliva, un producto de mucha más calidad.
3 Los agentes de la Unidad Central Operativa, un equipo de elite de la Benemérita especializado en delitos económicos, puso en marcha una laboriosa investigación Se investigaron más de una treintena de sociedades, desplegadas en España, Italia y Portugal. Era una red de empresas utilizada para, presuntamente, hacer las mezclas de aceite y, por otro lado, tejer una pantalla para defraudar al fisco.
4 Las investigaciones de la Guardia Civil ponen al descubierto que los aceites de peor calidad eran mezclados y comercializados como si fueran de oliva. El Instituto Armado descubre que la organización poseía en Mengíbar una planta de producción de biodiésel de automoción. Esa planta era utilizada para producir aceite con destino al consumo humano “a pesar de carecer de la autorización sanitaria”.
5 El producto obtenido no era una adulteración tóxica para la salud, ya que eran realizadas por técnicos especializados que trabajaban para la trama en distintas plantas de producción. De hecho, habían conseguido un proceso de fabricación de aceites muy refinado, en el que conseguían un producto en el que no quedaban restos de la presencia de la grasa de aguacate o de palma.
6 Los combinados obtenidos eran desviados hacia el mercado destinado al consumo humano. Para ello, presuntamente, la organización empleaba “documentación falsa” y sociedades instrumentales controladas por la red. Es decir, empresas “fantasma” que estaban dirigidas por simples “testaferros”. Casi todo el aceite mezclado fue vendido a granel, según comprobó la Guardia Civil. Sin embargo, también existen algunas partidas que fueron embotelladas en una planta envasadora ubicada en Pegalajar. Esas botellas fueron etiquetadas como si contuvieran aceite de oliva, cuando, en realidad, llevaban una mezcla de grasas de mucha peor calidad.
7 La mezcla de aceites reportaba a la organización importan- tes beneficios. Primero, los detenidos conseguían vender el producto a un precio muy inferior al del mercado. Además, no hacían efectivo el pago del IVA (unos 3 millones de euros).
Fuente: diariojaen.es
martes, 7 de febrero de 2012
viernes, 27 de enero de 2012
El Parlamento Europeo allana el camino al acuerdo agrícola con Marruecos
El sector hortofrutícola español perdió ayer una batalla en su lucha por frenar el nuevo acuerdo agrícola de la UE con Marruecos, que prevé una mayor liberalización de las exportaciones. La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo respaldó el protocolo, con 23 votos a favor, cinco en contra y una abstención. Los únicos que mostraron su rechazo fueron tres eurodiputados españoles -dos del PP y uno del PSOE- y los dos del grupo de los Verdes. Entre estos últimos se encuentra José Bové, encargado de elaborar un informe previo en el que desaconsejaba el acuerdo por favorecer sólo a grandes inversores y no a la población local, por la sobreexplotación de los recursos hídricos, por perjudicar a los productores europeos y porque posiblemente no esté conforme con los tratados internacionales, al incluir el territorio del Sahara. Los miembros de la Comisión Internacional, en cuatro enmiendas presentadas por grupos de distinto signo, han rechazado el informe de Bové, dando luz verde al protocolo.
A pesar del revés, la guerra no está perdida. La Comisión de Comercio, por su propia naturaleza, tiende a apoyar los tratados de libre asociación. En julio del año pasado, la de Agricultura sí fue sensible a los intereses de la horticultura comunitaria y española, y votó en contra, por no haberse valorado suficientemente el impacto social y económico del acuerdo en la agricultura europea. La votación definitiva se producirá probablemente el 15 de febrero. A diferencia de lo que ocurre en las comisiones, los diputados no tendrán mandato imperativo, por lo que cobra más importancia las campañas del propio sector en el Europarlamento, la presión del Gobierno y la política de pasillos de los grandes partidos, PP y PSOE. Ya hay algo ganado: los eurodiputados socialistas españoles han anunciado que votarán en contra del tratado. Y es que el Gobierno anterior del PSOE había mantenido una postura ambigua, algo que no ha sucedido en la Junta, siempre contraria al acuerdo.
A pesar del revés, la guerra no está perdida. La Comisión de Comercio, por su propia naturaleza, tiende a apoyar los tratados de libre asociación. En julio del año pasado, la de Agricultura sí fue sensible a los intereses de la horticultura comunitaria y española, y votó en contra, por no haberse valorado suficientemente el impacto social y económico del acuerdo en la agricultura europea. La votación definitiva se producirá probablemente el 15 de febrero. A diferencia de lo que ocurre en las comisiones, los diputados no tendrán mandato imperativo, por lo que cobra más importancia las campañas del propio sector en el Europarlamento, la presión del Gobierno y la política de pasillos de los grandes partidos, PP y PSOE. Ya hay algo ganado: los eurodiputados socialistas españoles han anunciado que votarán en contra del tratado. Y es que el Gobierno anterior del PSOE había mantenido una postura ambigua, algo que no ha sucedido en la Junta, siempre contraria al acuerdo.
viernes, 20 de enero de 2012
ESPEREMOS QUE SE ACUERDE EN ABRIL TODAVÍA.
Arenas ve una "apuesta razonable" un pacto nacional por el agua, que considera una "cuestión de sensibilidad humana"
El presidente del PP-A, Javier Arenas, ha calificado de "apuesta por lo razonable" el que se planteé un pacto nacional del agua por parte del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y ha considerado que la gestión en materia hídrica "no es ya un problema político, sino una cuestión de sensibilidad humana".
El presidente del PP-A, Javier Arenas, ha calificado de "apuesta por lo razonable" el que se planteé un pacto nacional del agua por parte del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y ha considerado que la gestión en materia hídrica "no es ya un problema político, sino una cuestión de sensibilidad humana".
En su intervención durante la Junta Directiva Provincial del PP de Almería celebrada este miércoles, Arenas ha indicado que "no es mucho pedir" que los excedentes de agua generados en regiones españolas se puedan aprovechar en comunidades deficitarias como Valencia, Murcia y Andalucía y ha señalado que le "parece muy bien" la propuesta del Ejecutivo central.
"Se trata de una cuestión de cabeza y de corazón", ha trasladado. "Es como si un día —ha añadido— estamos comiendo o cenando, hemos terminado, hay cosas que no se han consumido y no se han tocado, y se las negamos a quien nos las pide".
En esta línea, y tras remarcar que el agua "es clave para beber pero también para comer" en alusión a las necesidades de aporte hídrico de la agricultura del levante y el sureste español, ha manifestado "entender" que se "use y guarde agua", no así "que una vez hecho esto, lo que sobre se tire al mar".
"Se trata de una cuestión de cabeza y de corazón", ha trasladado. "Es como si un día —ha añadido— estamos comiendo o cenando, hemos terminado, hay cosas que no se han consumido y no se han tocado, y se las negamos a quien nos las pide".
En esta línea, y tras remarcar que el agua "es clave para beber pero también para comer" en alusión a las necesidades de aporte hídrico de la agricultura del levante y el sureste español, ha manifestado "entender" que se "use y guarde agua", no así "que una vez hecho esto, lo que sobre se tire al mar".
miércoles, 23 de noviembre de 2011
Olivar con futuro
Olivar con futuro
La futura Ley y la creación del 'lobby' apuntalan el sector.En septiembre, el Parlamento dio luz verde a la normativa que persigue retos como la generación de una mayor competitividad y sostenibilidad.
El sector olivarero ve un rayo de esperanza en su futuro gracias a las apuestas que se están efectuando desde la Administración regional. El primer paso, y el más importante, dio sus frutos el pasado 28 de septiembre con la aprobación, por parte del Parlamento andaluz, de la Ley del Olivar, una norma pionera en Europa que "establece un marco normativo completo y los instrumentos necesarios para afrontar con éxito los retos futuros y consolidar el liderazgo mundial del sector", como manifestó la consejera de Agricultura y Pesca Clara Aguilera después de que el Parlamento diera luz verde a la normativa.
El 'sí' a la Ley se produjo tras ocho meses de debate en los que participaron algunos de los principales implicados en el tema: organizaciones profesionales agrarias; representantes de colectivos, entidades y grupos políticos; y la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (Faeca). Todos ellos son conscientes de la importancia de un sector que produce el 40% del total de aceite de oliva mundial y el 20% de aceituna de mesa, además de exportar el 70% del aceite de oliva español y el 21% del óleo que se genera a nivel internacional.
Este cultivo emblemático de la agricultura andaluza lleva años aquejado de un continuo descenso de precios en origen del aceite y de la aceituna de mesa y por la falta de instrumentos de regulación de mercados. La escasa modernización de las estructuras es otro de los puntos flacos del sector, y el marco normativo pretende solventar estos problemas y garantizar un mayor apoyo público para reequilibrar las ayudas desde las distintas administraciones públicas. En palabras de la consejera, esta "Ley territorial" se basa en el "fomento". Promoción, reconocimiento por parte de la sociedad y, sobre todo, competitividad y sostenibilidad, son algunos de los retos que pretende superar la normativa para reorientar la oleicultura hacia las principales demandas del mercado. Tendrán prioridad las actuaciones de reestructuración de los cultivos tradicionales con vistas a modernizar aquellos más productivos. Se fomentará el regadío primando la eficiencia de los recursos hídricos, tal y como dicta la Ley de Aguas y los Planes Hidrológicos de Cuencas, y se apostará por energías renovables tanto en las fincas como en la industria de transformación, favoreciendo el uso de los subproductos de origen residual (por ejemplo, la generación de biomasa para producir energía). El I+D será otro de los segmentos a explotar mediante el fortalecimiento de las ayudas para investigación encaminadas a una mayor calidad de los productos. Además se fomentará la certificación de los procesos productivos de la industria, el refuerzo de la trazabilidad y una mejora de la información a los consumidores.
En otro orden de cosas se implementarán políticas de diversificación que permitan un mejor aprovechamiento de las explotaciones, generando un mayor valor añadido dentro de la comarca en la que se desarrolle la actividad. Se promoverá la tutela del patrimonio olivarero y la cultura del aceite con medidas que apoyen la protección, conservación y uso del territorio productivo desde puntos de vista como la sostenibilidad del entorno, el paisaje, la etnología, o los rasgos arqueológicos ligados al olivar. La Ley tampoco olvida a los trabajadores y a los productores. Pretende profesionalizar el sector, generando un empleo de calidad e igualitario e impulsar la vertebración y organización del sector a través de la concentración.
El principal instrumento de aplicación de todas estas estrategias será el Plan Director del Olivar, que además delimitará los territorios del olivar (aquellos espacios más determinantes en la producción, es decir, las zonas de aplicación de la Ley). El texto que se elaborará en un plazo máximo de un año tras la entrada en vigor de la Ley y que contará con una validez de seis años. E l Consejo Andaluz del Olivar (integrado por 20 miembros) será el órgano encargado de informar del Plan y sus modificaciones. Su constitución se llevará a cabo en un plazo de nueve meses tras la entrada en vigor de la Ley, el pasado 7 de octubre, un día después de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
Para hacer realidad todas estas medidas la Junta, a través de la Consejería de Agricultura y Pesca, está promoviendo un lobby de regiones olivareras en la UE. En una reunión con el secretario general de la Asociación de las Regiones Europeas Hortofrutícolas, Jacques Dasque, defendió una mayor unión para defender los intereses estratégicos del olivar. Y es que si la nueva PAC sigue su curso con la aplicación de la tasa por hectárea, los olivareros andaluces saldrían perjudicados y perderían al menos la mitad de las ayudas que reciben actualmente (500 euros/hectárea). El pasado 21 de octubre Aguilera se reunió con el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, y le instó a que la PAC tenga en cuenta la perspectiva regional en las ayudas directas. Además valoró negativamente que el 30% de las mismas dependa de medidas ambientales. Durante el encuentro la consejera le hizo entrega a Ciolos de una investigación exhaustiva del sector oleícola andaluz y acordaron participar de manera conjunta en el desarrollo de la Ley del Olivar.
El 'sí' a la Ley se produjo tras ocho meses de debate en los que participaron algunos de los principales implicados en el tema: organizaciones profesionales agrarias; representantes de colectivos, entidades y grupos políticos; y la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (Faeca). Todos ellos son conscientes de la importancia de un sector que produce el 40% del total de aceite de oliva mundial y el 20% de aceituna de mesa, además de exportar el 70% del aceite de oliva español y el 21% del óleo que se genera a nivel internacional.
Este cultivo emblemático de la agricultura andaluza lleva años aquejado de un continuo descenso de precios en origen del aceite y de la aceituna de mesa y por la falta de instrumentos de regulación de mercados. La escasa modernización de las estructuras es otro de los puntos flacos del sector, y el marco normativo pretende solventar estos problemas y garantizar un mayor apoyo público para reequilibrar las ayudas desde las distintas administraciones públicas. En palabras de la consejera, esta "Ley territorial" se basa en el "fomento". Promoción, reconocimiento por parte de la sociedad y, sobre todo, competitividad y sostenibilidad, son algunos de los retos que pretende superar la normativa para reorientar la oleicultura hacia las principales demandas del mercado. Tendrán prioridad las actuaciones de reestructuración de los cultivos tradicionales con vistas a modernizar aquellos más productivos. Se fomentará el regadío primando la eficiencia de los recursos hídricos, tal y como dicta la Ley de Aguas y los Planes Hidrológicos de Cuencas, y se apostará por energías renovables tanto en las fincas como en la industria de transformación, favoreciendo el uso de los subproductos de origen residual (por ejemplo, la generación de biomasa para producir energía). El I+D será otro de los segmentos a explotar mediante el fortalecimiento de las ayudas para investigación encaminadas a una mayor calidad de los productos. Además se fomentará la certificación de los procesos productivos de la industria, el refuerzo de la trazabilidad y una mejora de la información a los consumidores.
En otro orden de cosas se implementarán políticas de diversificación que permitan un mejor aprovechamiento de las explotaciones, generando un mayor valor añadido dentro de la comarca en la que se desarrolle la actividad. Se promoverá la tutela del patrimonio olivarero y la cultura del aceite con medidas que apoyen la protección, conservación y uso del territorio productivo desde puntos de vista como la sostenibilidad del entorno, el paisaje, la etnología, o los rasgos arqueológicos ligados al olivar. La Ley tampoco olvida a los trabajadores y a los productores. Pretende profesionalizar el sector, generando un empleo de calidad e igualitario e impulsar la vertebración y organización del sector a través de la concentración.
El principal instrumento de aplicación de todas estas estrategias será el Plan Director del Olivar, que además delimitará los territorios del olivar (aquellos espacios más determinantes en la producción, es decir, las zonas de aplicación de la Ley). El texto que se elaborará en un plazo máximo de un año tras la entrada en vigor de la Ley y que contará con una validez de seis años. E l Consejo Andaluz del Olivar (integrado por 20 miembros) será el órgano encargado de informar del Plan y sus modificaciones. Su constitución se llevará a cabo en un plazo de nueve meses tras la entrada en vigor de la Ley, el pasado 7 de octubre, un día después de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
Para hacer realidad todas estas medidas la Junta, a través de la Consejería de Agricultura y Pesca, está promoviendo un lobby de regiones olivareras en la UE. En una reunión con el secretario general de la Asociación de las Regiones Europeas Hortofrutícolas, Jacques Dasque, defendió una mayor unión para defender los intereses estratégicos del olivar. Y es que si la nueva PAC sigue su curso con la aplicación de la tasa por hectárea, los olivareros andaluces saldrían perjudicados y perderían al menos la mitad de las ayudas que reciben actualmente (500 euros/hectárea). El pasado 21 de octubre Aguilera se reunió con el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, y le instó a que la PAC tenga en cuenta la perspectiva regional en las ayudas directas. Además valoró negativamente que el 30% de las mismas dependa de medidas ambientales. Durante el encuentro la consejera le hizo entrega a Ciolos de una investigación exhaustiva del sector oleícola andaluz y acordaron participar de manera conjunta en el desarrollo de la Ley del Olivar.
Invernaderos de excelencia
Invernaderos de excelencia
La Junta otorgará 22,2 millones de euros a agricultores y empresas para generar estructuras más eficientes a través de la inversión en sistemas de última generación. La excelencia por la que apuesta la agricultura andaluza pasa por la mejora de las estructuras productivas. Consciente de esta realidad, la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía cuenta con líneas específicas de ayuda para la modernización de invernaderos de última generación que mejoren la competitividad del sector. Este mismo mes la Administración ha hecho pública la resolución provisional por la que se conceden estas subvenciones correspondientes a la convocatoria del presente año. En el listado aparecen 40 solicitantes (agricultores y empresas) con proyectos que suman 55,5 millones de euros de inversión total, de los cuales 22,2 se financiarán con fondos públicos.
La línea de subvenciones se enmarca en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 y otorga hasta el 50% de inversiones con una cuantía máxima de 3 millones de euros. Desde 2011 a 2013 estas ayudas estatales repartirán un total de 189,2 millones de euros, según aprobó la Comisión Europea a propuesta del Gobierno español.
La Orden de Invernaderos de 5 de abril de 2011 establece que las propuestas subvencionables deben incluirse dentro de un plan empresarial orientado a mejorar el rendimiento global de la explotación agrícola a través de la modernización de estructuras preexistentes o la construcción de otras nuevas, a excepción de invernaderos planos o de tipo parral.
Los invernaderos de excelencia o de última generación son aquellos que incorporan novedades tecnológicas destinadas a incrementar la producción hortofrutícola por metro cuadrado. Para lograrlo se pueden acometer diferentes opciones como la mejora tecnificación de las instalaciones y la incorporación de sistemas de gestión de variables como el clima, y es que controlar la humedad o la temperatura de forma óptima redunda en mejores condiciones organolépticas y en una mayor cantidad de producción). Otras de las innovaciones más recientes es la implementación de sistemas de cogeneración o la fertilización carbónica del cultivos a través del aprovechamiento del dióxido de carbono.
En Andalucía la producción invernada de hortofrutícolas se concentra principalmente en las provincias de Almería y Granada, que copan el 60% de la superficie total, el 18,8% de la producción vegetal y el 60% de la producción hotícola de la región.
Uno de los agricultores que ha implementado el control de clima en sus fincas de El Ejido, Miguel Ángel García, de Sociedad García Cervilla, calcula un "rendimiento de 13,5 kilos/metro de tomate frente a los 9 de otras estructuras".
La línea de subvenciones se enmarca en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 y otorga hasta el 50% de inversiones con una cuantía máxima de 3 millones de euros. Desde 2011 a 2013 estas ayudas estatales repartirán un total de 189,2 millones de euros, según aprobó la Comisión Europea a propuesta del Gobierno español.
La Orden de Invernaderos de 5 de abril de 2011 establece que las propuestas subvencionables deben incluirse dentro de un plan empresarial orientado a mejorar el rendimiento global de la explotación agrícola a través de la modernización de estructuras preexistentes o la construcción de otras nuevas, a excepción de invernaderos planos o de tipo parral.
Los invernaderos de excelencia o de última generación son aquellos que incorporan novedades tecnológicas destinadas a incrementar la producción hortofrutícola por metro cuadrado. Para lograrlo se pueden acometer diferentes opciones como la mejora tecnificación de las instalaciones y la incorporación de sistemas de gestión de variables como el clima, y es que controlar la humedad o la temperatura de forma óptima redunda en mejores condiciones organolépticas y en una mayor cantidad de producción). Otras de las innovaciones más recientes es la implementación de sistemas de cogeneración o la fertilización carbónica del cultivos a través del aprovechamiento del dióxido de carbono.
En Andalucía la producción invernada de hortofrutícolas se concentra principalmente en las provincias de Almería y Granada, que copan el 60% de la superficie total, el 18,8% de la producción vegetal y el 60% de la producción hotícola de la región.
Uno de los agricultores que ha implementado el control de clima en sus fincas de El Ejido, Miguel Ángel García, de Sociedad García Cervilla, calcula un "rendimiento de 13,5 kilos/metro de tomate frente a los 9 de otras estructuras".
Suscribirse a:
Entradas (Atom)